Juez Federal de Los Angeles dictamina que una herramienta clave en los esfuerzos de Trump por reprimir la inmigración es ilegal

Manifestantes en el centro de Los Ángeles durante una marcha el año pasado contra las políticas de inmigración del presidente Trump.

Un juez federal en Los Ángeles ha dictaminado que los departamentos de policía violan la Constitución si retienen a los detenidos a petición de agentes de inmigración, lo que marca el último revés legal para los planes del gobierno de Trump de identificar y deportar ilegalmente inmigrantes en el país.

En su orden emitida el miércoles, el juez de distrito estadounidense Andre Birotte Jr. descubrió que una política ya derogada del Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles violó los derechos constitucionales de los presos que fueron mantenidos bajo custodia a petición de los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas.

La orden enérgica de Birotte reforzó sentencias similares anteriores de la corte, que encontraron que la policía no puede cumplir legalmente tales solicitudes de detención del ICE.

"Los oficiales de LASD no tienen autoridad para arrestar a personas por delitos civiles de inmigración y, por lo tanto, detener a personas más allá de su fecha de liberación viola los derechos de la Cuarta Enmienda de las personas", escribió Birotte.

El Departamento del Sheriff no ha retrasado la liberación de reclusos en nombre de ICE desde 2014 y ninguno de los 58 alguaciles de California está dispuesto a cumplir con las solicitudes de ICE. La policía en otras partes del país, sin embargo, continúa manteniendo presos para permitirles a los agentes de ICE tiempo para llevarlos a la custodia federal para su posible deportación. Los jueces de otros lugares podrían considerar la decisión de esta semana como una guía para decidir casos futuros.

En el fallo de 48 páginas, Birotte descubrió que otras políticas anteriores del Departamento de Inmigración y Alguacil (ICE, por sus siglas en inglés) también habían entrado en conflicto con la Constitución.

Aunque muchos de los problemas planteados en el caso se abordaron en casos anteriores o no se aplican a las nuevas políticas del ICE y el Departamento del Sheriff, la orden de Birotte prohíbe a ambas agencias volver a las prácticas anteriores y se sumarán al creciente conjunto de casos que obstaculizan los planes de Trump. para aumentar agresivamente el número de deportaciones.

Como parte de los planes de la administración, los funcionarios de ICE han aumentado el número de solicitudes de detención que la agencia envía a los departamentos de policía locales. Y el Fiscal General Jeff Sessions ha intentado aumentar la presión sobre las agencias locales de aplicación de la ley en todo el país que se han negado a cumplir con las solicitudes de detención y cooperar con ICE de otras maneras.

"Esta es una decisión importante, especialmente considerando el debate nacional sobre inmigración y los esfuerzos de la administración Trump para fortalecer las localidades para que cumplan las detenciones por inmigración", dijo Jennie Pasquarella, abogada de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, uno de varios grupos involucrados en la demanda "Aquí hay otro tribunal que dice que cualquier departamento de policía que acepte solicitudes de retención puede ser considerado responsable".

Bajo la orden de Birotte, se estima que de 10,000 a 12,000 personas que fueron retenidas indebidamente en las cárceles del condado de L.A. en detención de ICE entre 2010 y 2014 pueden tener derecho a indemnizaciones, dijo Pasquarella.

Junto con su conclusión de que la policía local no puede retener legalmente a personas bajo custodia a pedido de ICE, Birrotte dictaminó sobre otros aspectos del proceso de detención.

Él dictaminó, por ejemplo, que ICE se equivocó al emitir detenciones para personas que nacieron en el extranjero, pero no se encontraron en las bases de datos masivas en las que los agentes federales confían cuando determinan el estado de inmigración de una persona. Funcionarios de ICE dijeron en documentos judiciales que la agencia detuvo la práctica en junio de 2015, aunque Pasquarella dijo que duda que la agencia haya cambiado sus métodos.

Y una práctica del ICE de emitir detenciones para personas sin una orden judicial cuando no había evidencia de que el sujeto presentara riesgo de fuga era ilegal, dictaminó el juez.

Bajo los términos de la demanda, el fallo anula cualquier solicitud de retención pendiente que fuera emitida por funcionarios de ICE en el sur de California. Esa designación es importante ya que los oficiales de ICE que trabajan en una instalación en el Condado de Orange emiten solicitudes de detención a departamentos de policía en docenas de estados en todo el país.

Birotte también concluyó que la práctica del Departamento del Alguacil de registrar a las personas con detención de ICE en la cárcel, incluso si su fianza se había fijado en menos de $ 25,000, era incorrecta, dijo Birotte. Por lo general, el departamento no puso a nadie con fianza por debajo de esa cantidad tras las rejas. El departamento dijo que la política se modificó en 2014.

"Durante años, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles negó cruelmente a los inmigrantes las protecciones constitucionales que se aplican universalmente a todos los demás detenidos en prisión, reteniendolos injustificadamente sin causa como prisioneros", dijo Lindsay Battles, uno de los abogados involucrados en el caso. "Esta decisión responsabiliza a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de abuso antiinmigrante de su autoridad".

ICE y funcionarios del alguacil se negaron a hacer comentarios, citando la demanda en curso.

La orden vino en una demanda colectiva que impugna varios aspectos de las solicitudes de detención: alertas electrónicas que los oficiales de ICE suelen emitir cuando un departamento de policía local tiene la custodia de una persona que ICE cree que debería ser deportada. Los avisos, entre otras cosas, solicitan a la policía que mantenga a los presos más allá cuando en otro caso serían puestos en libertad para dar tiempo a los agentes de ICE para que los custodien.

La demanda, que combina dos casos separados, está siendo llevada a cabo por varios grupos y bufetes de abogados y ha estado siguiendo su camino en la corte desde 2012. Uno de los casos originales fue presentado por ciudadanos estadounidenses que se encontraban en las cárceles del condado de Los Ángeles cuando ICE les emitió detenciones por error. El otro fue traído por inmigrantes que desafiaron la cooperación del Departamento del Sheriff con ICE.

Al darse cuenta de que algunos problemas debían resolverse ante un jurado, Birotte no se pronunció sobre todos los aspectos del caso.

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